La Agencia Tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han anunciado la desarticulación de una red de fraude en el sector de los hidrocarburos en España, que operaba mediante un complejo entramado empresarial y logró evadir 133 millones de euros en impuestos. La operación, dirigida por la Audiencia Nacional, se ha saldado con la detención de seis personas: dos en Sevilla y cuatro en Madrid. Asimismo, se realizaron registros en las sedes de varias empresas vinculadas a esta trama en la capital, donde se ha recabado documentación relevante para la investigación.
Según fuentes oficiales, la red utilizaba empresas ficticias o sociedades pantalla para realizar transacciones de gran volumen en la compra y venta de carburantes, esquivando el pago del IVA. Estas compañías operaban bajo un esquema diseñado para transferir la responsabilidad tributaria a entidades que desaparecían antes de que Hacienda pudiera actuar. Así, los fondos obtenidos a través de estas operaciones fraudulentas eran rápidamente transferidos a cuentas en terceros países, complicando aún más la labor de recuperación por parte de las autoridades.
La investigación también ha revelado que el fraude no solo se limitaba al IVA, sino que tenía ramificaciones adicionales. La trama afectaba la construcción del precio final del combustible, excluyendo las obligaciones sectoriales, como la reserva obligatoria de biocarburantes y las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Estas omisiones permitían a los defraudadores vender carburantes a precios mucho más bajos que la competencia, generando problemas graves de competencia desleal con productores y gasolineras que operan legalmente.
Las autoridades señalan que estas prácticas se han convertido en uno de los problemas más extendidos y preocupantes en el sector de los hidrocarburos. De hecho, según estimaciones de las patronales petroleras, el fraude en el IVA del carburante representa alrededor de 1.200 millones de euros anuales en pérdidas para las arcas públicas. Las empresas ficticias que participan en este tipo de fraudes operan durante un corto periodo de tiempo, llevando a cabo pocas transacciones de gran volumen y desapareciendo rápidamente antes de ser detectadas.
El esquema se beneficiaba de las condiciones del mercado intracomunitario, que permite transacciones sin el pago inmediato del IVA. Estas empresas intermediarias compraban combustible en otros países de la Unión Europea, vendiéndolo posteriormente en España con precios rebajados, pero sin ingresar el IVA devengado. Esto no solo genera un impacto fiscal, sino que también supone un desafío para los reguladores, que deben actuar con rapidez para rastrear y desarticular estas redes antes de que desaparezcan.
Las autoridades subrayan la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión en el sector para prevenir este tipo de fraudes, que afectan no solo a los ingresos públicos, sino también a la sostenibilidad y equidad del mercado de combustibles.
